El día veinticuatro del pasado mes de febrero, un grupo independentista catalán autodenominado ÚltimahoraCat2 derribó el último toro de Osborne que campaba en tierras barcelonesas y catalanas, concretamente en el término municipal de El Bruc, municipio de la comarca de Anoia.
No es la primera vez que grupos independentistas atacan esta valla publicitaria -que el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida en diciembre de 2.007, dicta sentencia a favor del mantenimiento de los toros de Osborne debido al "interés estético o cultural" que se les ha atribuido- por considerarlo un elemento del nacionalismo español más rancio.
Pensarán que así matarán dos pájaros de un tiro: primero atentan contra el símbolo españolista de las bebidas espiritosas y por otro atacan la figura del toro, otro de los elementos claramente ligados a la cultura española.
Yo, aficionado a los toros, pido para ellos respeto para sus ideas a pesar de no ver esa necesidad imperiosa que tienen, ese deseo irrefrenable por separarse de España. Y, sin embargo, llegado el momento, si la legalidad se cumpliese a rajatabla y estuviesen validados todos los requisitos que la Constitución recoge para que tuviese lugar un referéndum, estaría dispuesto a aceptar la voluntad mayoritaria del pueblo. Fuese la que fuese. No se puede obligar a nadie a permanecer en un lugar donde no se siente cómodo.
¿Por qué no respetan de la misma manera a los que no piensan como ellos?
En todo caso ¿Qué culpa tiene una empresa que paga su alquiler por colocar en una parcela esa valla publicitaria y que gasta su dinero en el diseño y la colocación de la misma?
¿De qué sirven las sentencias del Tribunal Supremo si nadie actua para que no vuelva a producirse un acto semejante?
¿De qué sirven las sentencias del Tribunal Supremo si nadie actua para que no vuelva a producirse un acto semejante?
La impunidad de sus actos reivindica sus acciones y las legitima de cara a sus correligionarios. ¿Qué será lo siguiente?
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